Presentan obra jurídica Los Juicios Orales en México

10/Marzo

  1. Representan cambio obligatorio en la cultura jurídica y en la mentalidad de los servidores públicos con la reforma judicial penal: Miguel Romero
  2. Que la reforma de los juicios orales sea también oportunidad para que el Estado de Derecho se aplique en las cárceles mexicanas: Miguel Carbonell
  3. Refundar al derecho penal para que sea la mejor manera de construir una convivencia civil pacífica, se pronunció Manuel Argáez

 “Los Juicios Orales en México”, obra de trascendencia jurídica del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez, fue presentada en la Universidad Olmeca (UO) por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Manuel Argáez de los Santos y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo (CJPE), Miguel Alberto Romero Pérez.

Argáez de los Santos Argáez señaló que esta obra de postura garantista aporta un diagnostico sobre la situación que prevalece en el sistema penal mexicano; “de sus errores y aciertos”, agregó.

Ante el rector de la UO, Lácides García Detjen, el presidente de la CEDH calificó a este libro como una apuesta por la legalidad y los derechos humanos y dijo que no solamente se analiza la figura de los juicios orales, ya que también se abordan los temas de la seguridad pública, la procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas privativas de la libertad.

Miguel Alberto Romero Pérez manifestó que la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia de juicios orales, es una de las modificaciones a la Constitución Federal más importantes de los últimos años y expuso que uno de los grandes retos que tiene esta reforma, es comunicar a la ciudadanía los alcances de la misma para la adecuada socialización de la norma.

“Hay necesidad de una nueva cultura jurídica, que mucho tiene que ver con la socialización de la reforma; tiene que haber un cambio en la forma de pensar del servidor público a nivel de procuración de justicia, a nivel de Comisión de Derechos Humanos y a nivel de jueces, porque el sistema ya no permite muchas de las cosas a lo que estamos acostumbrados”, abundó.

Ante los nuevos planteamientos de la reforma y el reto de implementarla a nivel local, dijo que–precisamente- para lograr eficacia por los órganos implementadores en el cumplimiento de sus funciones, necesario el seguimiento a principios ya contenidos en la Constitución.

Asimismo, consideró importante que en las universidades se adopten los principios de la oralidad para que los estudiantes se adentren en el proceso de implantación de una nueva cultura jurídica.

Miguel Carbonell expuso que la reforma penal de 2008 no sólo trata sobre los juicios orales, ya que sus disposiciones abarcan temas como la seguridad pública en materia de formación y capacitación policíaca.

“La reforma de 2008 modifica también el quehacer del Ministerio Público, por ejemplo termina con el llamado monopolio de la acción penal e introduce una nueva forma de llevar a cabo las acusaciones”.

Explicó que en la implementación de la reforma radica el meollo de esta transición y de allí su fracaso o éxito, por lo que consideró necesario a nivel legislativo implementar nuevos Códigos de Procedimientos Penales, así como nuevas Leyes Orgánicas de la Procuraduría, de Atención a Víctimas y de Mecanismos Alternativos al Proceso, refirió.

El especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales estimó como un tema olvidado de esta reforma al sistema carcelario, en virtud de que las cárceles y reclusorios son espacios completamente ajenos a cualquier mínimo sentido de respeto a la dignidad humana.

De tal manera, Carbonell Sánchez consideró urgente tomar medidas drásticas en materia penitenciaria, porque es un tema que se constituye en un foco rojo que atenta contra el Estado de Derecho.

“El sistema penal sirve para definir el tipo de democracia que se tiene en un país, un mal sistema penal da al traste con la reforma democrática; ninguna democracia puede sobrevivir o ser de calidad sin un buen sistema penal, por lo tanto son  conceptos que auto implican”, concluyó.

Sin lugar a dudas, esta obra viene a sumarse al esfuerzo de instituciones públicas, educativas, organizaciones y académicos que se han propuesto debatir sobre la modificación sustancial de la estructura legal y social de nuestro país.